Kissi-Debrah, una niña de Londres de 7 años, ingresó al hospital 27 veces en tres años por afecciones respiratorias hasta que, en febrero de 2013, murió en medio de un ataque de asma. Contrario al parte médico del momento, la de Kissi no sería una muerte natural. Según aseguró su madre, Rosamund Adoo, en entrevista con The Guardian, se trataría de un efecto directo de la contaminación del aire de la capital británica; por eso emprendió una causa judicial.
Como una respuesta a este fenómeno, que según el estudio de Kings College de la Universidad de Londres genera 9.500 muertes prematuras al año, el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, amplió el radio de la zona de bajas emisiones contaminantes, ahora con operación las 24 horas. En síntesis, la medida establece que los conductores de los vehículos más contaminantes que circulan a diario por el centro de la ciudad, deberán pagar por una multa de 14,5 euros (unos $50.000).
El cobro en la zona de bajas emisiones (Ulez, por sus siglas en inglés) aplicará a unos 40.000 vehículos cuyos motores estén por debajo del estándar Euro 6, la regulación de la Unión Europea de las emisiones contaminantes.
Para hacer una comparación, explica Gabriel Jaime Maya, profesor de Ingeniería ambiental de la Universidad de Medellín, casi ningún vehículo en Colombia –que aún se rige por la norma Euro IV– podría entrar a la zona de bajas emisiones sin pagar la multa.
Un debate ambiental y social
El origen de la Ulez, de acuerdo con Shirley Rodríguez, encargada ambiental de la alcaldía de Londres, es social. Según dijo al diario The Guardian, “los más pobres tienen menos probabilidades de poseer un automóvil, pero es más probable que vivan en un área de alta contaminación”. La expectativa de su administración es lograr eliminar en un plazo de dos años, el 45 % de las emisiones tóxicas en las calles de la capital británica, de acuerdo con la agencia Efe.
Sin embargo, esa misma lógica socio-económica es usada por los contradictores de la zona de bajas emisiones. Según opositores como Gareth Bacon, líder del Partido Conservador en la Asamblea londinense, este cambio afectaría a los más pobres. Según dijo a The Guardian, los afectados serán 3,5 millones de personas que viven en el centro de Londres y se desplazan cotidianamente para hacer compras o llevar a sus hijos a la escuela.
Jiménez señala que, si bien una medida que afecte económicamente a los ciudadanos puede ser efectiva, descuida el tema de la concientización: “Las personas dejarán de circular en vehículos para evitar la multa, no para contribuir a una mejor calidad del aire”, explica.
Momento de ser drásticos
Tras la discusión sobre la conveniencia de este cobro, hay un debate global sobre un problema que, según la Organización Mundial de la Salud, causa al año 7 millones de muertes. Como explica Juan David Ubajoa, miembro del grupo de investigación en Derecho del Medio Ambiente de la U. Externado, no es extraño que los gobernantes busquen alternativas.
Londres, como el lugar en el que surgió la revolución industrial, ha sido también una de las primeras urbes en enfrentar sus consecuencias, no solo desde las administraciones, también desde los jueces. En enero de este año, con el caso deKissi-Debrah, se abrió la posibilidad a la primera declaración de responsabilidad sobre un gobierno local por una muerte por contaminación del aire.
El fiscal general de Reino Unido, Geoffrey Cox, admitió una nueva investigación del Tribunal Supremo para determinar la causa del fallecimiento de la niña. Así lo confirmó el gobierno en su sitio oficial el 11 de enero. El fiscal, dice el comunicado oficial, “descubrió que existía una posibilidad razonable de persuadir al Tribunal Superior”.
De comprobarse esta hipótesis, medidas como la Ulez tomarían fuerza, pues según los datos en la página del gobierno local de Londres, hay 2 millones de personas, entre ellas 400.000 niños, que viven en áreas de alta contaminación en Londres, respirando el mismo aire que acabó con la vida de Kissi-Debrah